Presentan proyecto de ley en Córdoba para crear un programa de asistencia a las víctimas de accidentes viales

Presentan proyecto de ley en Córdoba para crear un programa de asistencia a las víctimas de accidentes viales

leg-nadiafernandezIngresó el día de ayer un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Córdoba para crear un “programa provincial de asistencia a las víctimas de accidentes viales” y los familiares de víctimas.

Entre los fundamentos de la Legisladora Nadia Fernández de Unión Por Córdoba (UPC) se destaca en primer lugar la Seguridad Vial como uno de los ejes, “es en la actualidad, sin lugar a dudas, una de las principales problemática a nivel mundial y por su complejidad debe ser abordada de forma integral, desde una perspectiva multisectorial que involucre la policía, el transporte y la salud.”

Dentro de las políticas públicas relacionadas con los accidentes de tránsito, además de las obras de infraestructura vial que está llevando a cabo el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la política de prevención y sanción de Policía Caminera, se sumaría el proyecto que presentó Fernández en la Legislatura.

“Mediante este proyecto de ley, queremos hacer un nuevo aporte a la problemática, desde lo sanitario. Para ello proponemos brindar asistencia a las víctimas de accidentes viales, estableciendo un Programa que impulsa la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a ellas y sus familiares”

“En nuestro país los accidentes viales en el año 2012 se cobraron 7.485 víctimas fatales -521 en nuestra Provincia, a las que debemos sumarle miles de heridos y personas discapacitadas de por vida. Pese a las elevadas cifras de mortalidad y lesiones por accidentes viales, no hay políticas públicas de asistencia y tratamiento integral a sus víctimas“, explica en sus fundamentos la Legisladora.

En caso de aprobarse el proyecto de ley, se crearía una línea gratuita permanente para brindar información y asesoramiento jurídico básico y asistencia psicosocial a las víctimas. Además, se creará un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, abogados y asistentes sociales especializados en la temática.

En el proyecto de la Legisladora Fernández también figura que el Ministerio de Desarrollo Social deberá desarrollar programas tendientes a otorgar subsidios a las víctimas con escasos recursos que no puedan trabajar producto de accidentes viales.

Fuente: tránsitoCórdboba

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Facebook tiene 20 millones de usuarios activos en la Argentina

En diálogo con LA NACION en septiembre último , Zuzenberg ya había adelantado que el país más de la mitad de los usuarios tenía entre 18 y 34 años, y el 52% eran mujeres.

Zuzenberg está al frente de la oficina comercial de Facebook, y su tarea es ampliar la base local de compañías que aprovechen su red publicitaria .

Según le dijo Zuzenberg a Infotechnology, la oficina local tiene casi 30 empleados. “Nos está yendo muy bien. Queremos seguir creciendo, no solo en cantidad de usuarios, sino en conexiones entre ellos”, le dijo Zuzenberg a ese medio.

Que la mitad de la población participe en esa red social es sorprendente, pero lo es más, quizás, que la Argentina sea la reina de las redes sociales en accesos desde la PC; un estudio de la consultora comScore de diciembre último la ubica en el tope del ranking mundial de tiempo pasado en Facebook o Twitter, con 9,8 horas al mes invertidas; el podio lo completan Brasil y Rusia.

El estudio no mide el uso desde dispositivos móviles, un punto importante ya que el foco actual de Facebook está, justamente, en los accesos desde celulares y tabletas .

Fuente: La Nación

inShare Alerta en empresas: surge el primer fallo que aplica la nueva Ley de ART y condena a empresas por cifra millonaria

El caso disparará la polémica y traerá preocupación a las compañías. Es que los jueces aplicaron el nuevo régimen aun cuando el hecho fue previo a su sanción. Además, basaron sus fundamentos en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, pese a que éste aún no fue aprobado.

La ley de ART es, y ha sido, uno de los temas que más preocupación generaba y genera en el mundo de las empresas. Antes, por la falencia de un marco normativo. Ahora, por cómo aplicarán los jueces el flamante régimen.

Los accidentes laborales siguen a la orden del día, los reclamos se multiplican en tribunales y todo indica que la aplicación de la nueva ley ya comienza a dejar su huella.

También en el ámbito laboralista era mucha la inquietud por conocer las primeras sentencias que iban a dictaminar los magistrados, la interpretación del régimen y el criterio aplicado.

En este contexto, iProfesional.com accedió al primer fallo en el que la Justicia aplicó la nueva ley y fijó una condena millonaria a empresas.

Un motivo adicional de preocupación lo da el hecho de que el accidente lo sufrió el empleado de una firma tercerizada y los magistrados aplicaron la responsabilidad solidaria.

La sentencia disparará fuertes polémicas y, por cierto, traerá aparejada gran preocupación en el ambiente empresario. No sólo por este caso particular en sí, sino porque el mismo sienta unimportante precedente en cuanto al criterio aplicado para fijar la condena.

Es que, de forma inusual, el pronunciamiento se basó en una norma que fuera emitida con posterioridad a los hechos (el caso sucedió antes de la sanción de la nueva Ley de ART).

Pero esto no es todo. Además, tomó como referencia al proyecto de reforma del Código Civil y Comercial -que impulsa el oficialismo- cuando todavía es una iniciativa y no tiene fuerza de ley.

Es por ello que los expertos consultados por este medio advirtieron sobre los efectos que traerá aparejados esta condena.

El primer fallo millonario
Tras enterarse de la triste noticia del fallecimiento de su esposo, padre de una menor de edad, la mujer decidió recurrir a la Justicia para reclamar el pago de un resarcimiento por muerte en ocasión del trabajo, más un adicional por daño moral.

El empleado en cuestión cayó desde una pasarela que fue considerada riesgosa por no tener barandas, que estaba dispuesta a poco más de 3 metros de altura. La empresa para la que trabajaba era una subcontratada por la firma principal.

Tras analizar los hechos y pruebas aportadas a la causa, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la empleadora Equipaire y a las empresas Cablevisión y Multicanal a resarcir a los familiares directos del dependiente.

Conocida la sentencia, éstas se presentaron ante la Cámara laboral para cuestionar la extensión de la responsabilidad.

Sin embargo, los camaristas remarcaron que la condena era producto “del riesgo en las condiciones que la víctima trabajaba al momento del infortunio, conforme el artículo 1.113 del Código Civil”.

Y agregaron que la violación de normas, que los jueces consideraron básicas (por la carencia de barandas de protección para trabajar a esa altura) quebrantaba “los deberes de seguridadprevistos por la Ley 19.587″.

En este sentido, cabe mencionar que el artículo 1.113 del Código Civil establece que laobligación del que ha causado un daño se extiende “a los que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado”, regulación en la que -a entender de los letrados- encuadraba la situación analizada respecto de las firmas que apelaron la condena.

En tanto, el segundo párrafo de dicha norma señala que el único causal que exime de responsabilidad a una compañía es que la víctima haya tenido la culpa o dicha culpa sea de un tercero por quien no tenga que responder.

Asimismo, dichas tareas podían generar un resultado dañoso por lo que -según la normativa vigente- se las considera riesgosas y, por lo tanto, incluidas en las previsiones del artículo delCódigo Civil mencionado.

Un aspecto clave es que los camaristas también utilizaron como referencia para emitir su sentencia el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, aun cuando esta iniciativa esté lejosde ser convertida en ley.

El mismo incorpora la responsabilidad por “actividades riesgosas o peligrosas (…) por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización”.

Pero esto no fue todo. En cuanto a la incapacidad psicológica (es decir el perjuicio producto de lo acontecido) los magistrados fijaron un resarcimiento por daño moral para la esposa e hija, ya que entendieron que se trataba de una “lesión indirecta consecuencia del hecho dañoso sufrido por el familiar directo de las reclamantes”.

A tal efecto, los jueces volvieron a remitirse al “proyecto de Código Civil y Comercial” que establece que, en caso de muerte, “la indemnización consiste en los gastos de asistencia, lo necesario para alimentos del cónyuge, hijos menores hasta los 21 años de edad con derecho alimentario”, explicaron los camaristas.

Además, afirmaron que el importe fijado por el magistrado de primera instancia resultaba “razonable” ya que “si se aplicara la prestación dineraria prevista en la LRT se llegaría al 60% del monto establecido”.

En cuanto a la aplicación de la nueva ley de ART, la misma estipula una “indemnización adicional de pago único” equivalente al 20% de la tarifa.

Respecto al daño moral, el mismo comprende:

a) El dolor físico de la víctima y el daño moral que se refleja en la pena, la tristeza y elsufrimiento -no físico- de la víctima o, en este caso, de sus familiares cercanos.

b) El daño a la vida de relación (imposibilidad de ejercitar ciertas actividades de placer, de ocio, deportivas o de cualquier otro tipo que afecte su vida social o personal).

En suma, los camaristas ordenaron abonar -por cada derecho habiente- los montos de:

  • $367.000 por daño material.
  • $73.500 por daño moral.
  • $30.000 por daño psicológico.

Es decir, $470.500 para la esposa y una cifra igual para la hija.

Así, la condena ascendió a un total cercano a $1.000.000, resultante de aplicar a los casi $950.000 los intereses calculados a partir de la tasa activa del Banco Nación. Para ver el fallo completo provisto elDial.com, haga clic aquí

Qué dice la nueva ley
La Ley 26.773 establece lo que se conoce como “opción excluyente”.

Esto significa que el reclamante podrá percibir el resarcimiento de la ART o, como resultado de un juicio civil, la reparación tarifada por ley.

En cuanto a las tarifas del sistema, las mismas se elevaron un 20% respecto del viejo régimeny también se estableció la actualización semestral de los montos respectivos.

Con respecto a los importes aplicables para casos de incapacidad laboral permanente, la nueva norma señala que se ajustarán en el lapso señalado según la variación del índice RIPTE(Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Dicho indicador, que calcula ese organismo desde enero de 2010, llevó la base de $180.000 a $460.000.

Un aspecto clave que también estipula la nueva norma está vinculado con el lugar en donde acontece el daño.

Cuando éste se produzca en el trabajo -o bien mientras el accidentado se encuentre a disposición del empleador, sea donde fuere- el damnificado (víctima o derechohabiente) percibirá unaindemnización adicional de pago único como resarcimiento por cualquier otro daño no reparado.

Primero polémica, luego preocupación
La polémica se disparó luego de que la sentencia fuera acercada por iProfesional.com a expertos laboralistas.

“La aplicación de una norma sancionada con posterioridad a los hechos sucedidos en el pasado resultaría violatoria de cláusulas constitucionales”, afirmó Juan Manuel Lorenzo, abogado del estudio Salvat, Etala&Saraví.

Esto se debe a que el artículo 18 de la Constitución Nacional señala con claridad que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”.

Asimismo, indicó el experto, la propia Ley 26.773 -en su artículo 17, inc. 5- destaca que las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esa ley entrarán en vigencia“a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.

Es decir, según Lorenzo, “esto impide expresamente su aplicación retroactiva”.

Por otra parte, advirtió que “el recurso argumental de justificar la sentencia -con la pretendida referencia a un proyecto de reforma de Código Civil aún no sancionado- no solo implica la aplicación de una iniciativa como si ya tuviera la autoridad de ley sino que implicaría laimposición de deberes y sanciones a los sujetos respecto de los cuales ciertamente aún no están obligados”.

“En este sentido, es donde la afectación constitucional sería planteable y la Corte Suprema encontraría elementos para estudiar la sentencia en análisis, dado que se estaría juzgando un caso en base a una ley que, al día de la fecha, aún no es tal ni sabemos si lo será”, agregó el abogado.

En tanto, Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani& Asociados, consideró que “es preocupante cómo el principio de legalidad cede y termina siendo desplazado por consideraciones apoyadas en la legitimidad de los derechohabientes damnificados”.

“Hay tribunales que intentan fijar una suerte de tendencia consistente en anticiparse al tratamiento parlamentario de las leyes y validar sus contenidos aunque éstos integren un proyecto de ley y, por tal, no exhiban status legal”, enfatizó García.

Y agregó que, como si esto no bastara, se tomaron las mayores indemnizaciones yreparaciones económicas vigentes desde el último trimestre del 2012 (al sancionarse la reforma), dispositivo legal que no debería ser considerado si se trata de un reclamo por vía judicial.

“De este tipo de fallos se insinúa cierto afán, interés o vocación de algunos sectores del Poder Judicial por impulsar “políticas distributivas del ingreso”.

“Sin dudas”, agregó, “estamos ante una muestra de los riesgos que se podrían desprender cuando la “justicia distributiva” intenta desplazar a la “justicia conmutativa”, cuando es sabido que esta última es la piedra angular que debe orientar la administración de justicia en apego a derecho”, concluyó el especialista.

Fuente: Sebastián Albornos – iprofesional

Mobbing: condenaron a una empresa y a la ART a pagarle $260.000 a una empleada que sufrió depresión y estrés laboral derivada del hostigamiento de su jefe

Los jueces tuvieron en cuenta que, tras 4 años, la asalariada no pudo recuperarse de un cuadro de narcolepsia y que los testigos confirmaron que fue sometida al hostigamiento de su jefe. Extendieron la responsabilidad a la aseguradora ante la falta del exámen preocupacional y controles posteriores

El acoso laboral es uno de los padecimientos más habituales que soportan los empleados en las compañías.

En la actualidad, se multiplican a diario los reclamos de los dependientes ante los tribunales en los que los mismos empleados se colocan en situación de despido y piden un resarcimiento por el daño moral y material padecido.

Sucede que la presión a la que se somete a las víctimas puede derivar en serios problemas físicos, psicosomáticos y hasta agravar sintomatologías preexistentes.

Es en este contexto en el que se advierte una clara tendencia de los magistrados a hacer lugar a este tipo de pedidos indemnizatorios.

Y esto se explica, en gran medida, por el hecho de que dichos maltratos, conocidos como mobbing, no cuentan con un marco regulatorio que tienda a proteger a los empleados y sancionar especialmente a las compañías que no actúen para evitar que estas situaciones ocurran.

Vale aclarar que, para que la Justicia considere que se trató de un caso de acoso laboral, los ataques por parte del agresor debieron ser cotidianos y llevarse a cabopor un tiempo prolongado cuyo resultado sea el desgaste psicofísico de la víctima.

Hace pocos días, se dio a conocer una sentencia en la que la Cámara laboral condenó a una empresa a abonarle más de $260.000 a una empleada que se consideró despedida porque sufría narcolepsia derivada del estrés laboral.

Un dato saliente es que se condenó solidariamente a la empleadora y a la ART. A la primera, por no escuchar los reclamos de la empleada y no efectuar los exámenes de salud periódicos, y a la aseguradora, por no controlar las medidas de salubridad de la firma.

Estrés agudo e indemnización
La empleada comenzó a trabajar para la compañía en febrero de 1981 -sin examen preocupacional- y terminó su relación en mayo de 2007, cuando se consideró despedida por acoso laboral.

Al ingresar a la firma se hallaba en perfectas condiciones de salud, pero gradualmente se le fueron generando diversas patologías.

Al poco tiempo de decidir desvincularse, se presentó ante la Justicia laboral para reclamar una reparación monetaria por los daños sufridos y un resarcimiento adicional por daño moral. Adujo que sufría de narcolepsia, como consecuencia del estrés y agotamiento que soportaba en su trabajo.

En este sentido, atribuyó su enfermedad a las agresiones de que fue víctima durante casi tres décadas por parte de un superior.

Tras analizar los hechos, el juez de primera instancia hizo lugar parcialmente al reclamo ya que consideró que la narcolepsia no es una enfermedad profesional generada directamente por el trabajo de la reclamante.

“Si bien el origen de tal enfermedad resulta desconocido, parece vincularse con un factor de deficiencia genética -falta de neuronas productoras de hipocretina – y no en factores de agresión externa como el estrés”, indicó el magistrado.

Y agregó que se podría originar por múltiples factores, tales como infecciones, de causas alimenticias, hormonales, y no necesariamente por “un ambiente agresivo de labor agresivo“.

Por ese motivo, la dependiente se presentó ante la Cámara laboral para solicitar la revisión del fallo y que se eleve el monto de condena en concepto de indemnización por daños material y moral.

Tras analizar el caso, los camaristas enfatizaron que la empleada “no mejoró su estado de salud” pese al tiempo trascurrido entre su renuncia al empleo y la fecha del informe médico(cuatro años), cuando lo normal hubiese sido lo contrario (la narcolepsia con el correr del tiempo y los tratamientos efectuados puede mejorar relativamente sin llegar a su cura).

Luego remarcaron que el perito informó que el estrés figuraba entre otras causas, como “factor predisponente” de la afección que padecía la dependiente.

Además, tuvieron en cuenta que los testigos coincidieron al relatar las condiciones precarias y hostiles en las que desarrollaban sus tareas.

“En este contexto, la cláusula constitucional que impone al empleador las obligaciones degarantizar condiciones dignas equitativas de trabajo, lograr seguridad e higiene en el empleo, la dignificación de la condición de la persona trabajadora y la tutela en todas sus manifestaciones (arts.14 bis, 19 de la C.N. y 4 de la LCT), aparecen claramente violadas”, explicaron los jueces.

“No resulta posible, lógico, ni razonable suponer que el hostigamiento al que fue sometida la trabajadora” sumado a la “grave depresión verificada” que esto no tuviera “ninguna incidencia” en la narcolepsia, indicaron los camaristas.

Y añadieron que, por el contrario,”aun cuando el experto explicó que la mencionada dolencia es una enfermedad neurológica de causa aún desconocida, las condiciones en las que desarrolló sus tareas implicó que la patología se afianzara y se desarrollara, máxime si se considera que el estrés, cuando supera los límites de la tolerancia provoca daños y cambios neurológicos, fisiológicos y psicológicos“.

Luego recordaron que las situaciones de violencia laboral afectan a los empleados al punto de impactar en “aspectos personales y familiares” y señalaron que la presión, a la que la víctima es sometida en estos casos, “viabiliza una serie de problemas físicos o psicosomáticos o agrava sintomatologías preexistentes“.

“El hostigamiento al que fue sometida generada por la conducta violenta de un superior jerárquico y en el marco de un ambiente de trabajo hostil y nocivo resultó apto para causar innumerables consecuencias negativas en su salud“, concluyeron.

De esta manera, condenaron a la empresa al sentenciar que “el estrés padecido en un ambiente laboral hostil, generó no sólo la depresión mayor sino que contribuyó al desarrollo y agravamiento de la narcolepsia, sin que se observen consecuencias remotas por las que la demandada no deba responder” (artículos 903,904,905 y 906 del Código Civil).

También tuvieron en cuenta que esta situación encuadraba en un supuesto de violencia laboralque se estipula en el art.6º inc. c de la Ley Protección integral a la Mujeres 26485 y su decreto reglamentario 1011/2010 y en los artículos 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, razón por la cual correspondía que el daño causado sea reparado en su integridad. (art.35 Ley 26485).-

En total, la indemnización se fijó en $260.000 ($200.000 como resarcimiento por daño material y $60.000 por moral ya que la dependiente sufría de angustia provocada por las secuelas incapacitantes).

Además, extendieron la condena a la ART porque ésta omitió efectuar los controles pertinentes y nunca obligó a la empresa a que le realicen los exámenes de salud preocupaciones y periódicos. Es decir, no efectuó un correcto control. Para ver el fallo completo, provisto por elDial.com, haga clic aquí

Repercusiones
“Una de las características esenciales en la víctima de “mobbing” es que desempeña un rol servil impuesto por el hostigador debido a su denigración, degradación y descrédito profesional, lo que origina inseguridades en su propia persona”, explicó la profesora Andrea Mac Donald.

En este sentido, señaló que el acoso laboral “es un riesgo psicosocial debido a los costos económicos y sociales que sufre la víctima desde su enfermedad hasta su propio salario y su estabilidad laboral en la empresa, pero que sin lugar a dudas su vida está destruida y sinsentido para poder seguir adelante”.

Luego, enumeró una serie de posibles soluciones que deben adoptar las compañías para erradicarlo:

I. La información debe ser simétrica en la transmisión de datos y de órdenes laborales a los fines de evitar confusiones y malos entendidos en la organización.

II. La capacitación debe ser impartida a los fines de proporcionar datos a los integrantes de la organización acerca de qué se trata el fenómeno mobbing y cómo deben identificarse esas conductas.

III. La realización de encuestas laborales es esencial para monitorear y controlar los casos de mobbing o de acoso moral que se pueden dar en la organización.

IV. La asignación de tareas debe ser acorde con las categorías y con sus capacidades intelectuales sin caer en aquellas ocupaciones que pueden ser degradantes y hay que interiorizar a los trabajadores al respecto.

V. Se tiene que respetar el régimen de ascensos y exámenes sin excepción a los fines de no provocar frustraciones en los miembros de la organización, evitando toda clase de amiguismos y la posibilidad de denunciarlos en los casos que ocurran dichas irregularidades.

“La difusión que está alcanzando la problemática del mobbing, la violencia o acoso laboral en el ámbito de la Justicia debe llevar a las empresas empleadoras a revisar con cuidado los perfiles y estilos de sus mandos medios y niveles de supervisión”, advirtió Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados.

En este sentido, Capurro destacó que tendrían que generarse políticas y procedimientos, coordinarse actividades de información y formación que procuren unificar el lenguaje, estilo y prácticas que deben ser observadas, a efectos de evitar la generación de hechos susceptibles de provocar este tipo de reclamos por violencia en el ambiente laboral.

Fuente: Sebastián Albornos – iprofesional

La SRT creó un programa de investigación sobre Riesgos

El proyecto tiene como objetivo el fomento, desarrollo, divulgación de actividades científicas y técnicas relacionadas con la prevención, tratamiento, rehabilitación, legislación y la gestión de los riesgos en el trabajo.

mas leidasLa Superintendencia de Riegos del Trabajo, a través de la resolución 390/13,instauró un Programa de Promoción de Investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo.

Los objetivos de dicho programa son el fomento, desarrollo y divulgación de actividades científicas y técnicas relacionadas con la prevención, tratamiento, rehabilitación, legislación y gestión de los riesgos del trabajo, en su sentido más amplio.

El programa estará integrado por las “Líneas Prioritarias de Investigación”, de presentación regular y periódica, las que serán definidas y financiadas por la Superintendencia, y por investigaciones fuera de dichas líneas prioritarias, estudios de posgrado y otras propuestas que impliquen la generación de conocimiento en la materia requeridas o recibidas conforme las necesidades surgidas de las políticas, planes y actuación del organismo.

Respecto de la convocatoria de líneas prioritarias de investigación resulta indispensable ponderar la relevancia del aspecto temporal, debido a la existencia de actividades económicas donde la estacionalidad adquiere un rol fundamental, por lo que corresponde establecer un plazo adecuado para su ejecución.

Durante la ejecución de este nuevo programa es menester enriquecer las investigaciones mediante la implementación de diversas herramientas metodológicas que se adecuen a los usos y costumbres de la investigación académica.

Toda presentación o requerimiento deberá realizarse por escrito y en soporte digital e ingresar por la Mesa de Entradas de la Superintendencia. La Coordinación del Programa a cargo del Instituto de Estudios Estratégicos y Estadísticas de la SRT realizará el seguimiento y evaluación de los logros de los proyectos L.P.I. y restantes actividades.

En lo que hace a la difusión de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el marco del Programa, sería imprescindible establecer herramientas de divulgación ajustadas a los mecanismos de comunicación actuales, que garanticen no sólo el cumplimiento de los objetivos del Programa sino también un adecuado ejercicio del derecho a la información.

Fuente: buenafuente.com

NORMAS DE CAPACITACION PARA EL AÑO 2013 (PCC Y ASPIRANTES A LA MATRICULA)

E l pasado viernes 15 se publicó en el Boletín Oficial el texto de la Resolución Nº 37.363 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La resolución, fechada el 6 de febrero pasado, lleva la firma del Vicesuperintendente de Seguros de la Nación -Juan Santiago Fraschina- y dispone las modificaciones para este año en materia de capacitación, tanto en lo que refiere al Plan de Capacitación Continuada (PCC) para Productores Asesores de Seguros como a la reformulación del programa analítico de capacitación para aspirantes a la obtención o ampliación de matrícula.

Al igual que en los últimos años, para el cumplimiento de los requisitos del Programa de Capacitación Continuada por parte de los productores asesores de seguros, será obligatorio cursar -de modo presencial- tres módulos, cada uno con una carga horaria de dos horas cátedra, con dos temas obligatorios y uno libre. Además se deberá cursar un módulo bajo modalidad e-learning.

Los dos temas obligatorios de este año son:

– Nuevo Sistema de Rúbrica Digital, y

– El Derecho de Defensa del Consumidor y el Contrato de Seguro.

En el caso del curso bajo modalidad e-learning el tema será “PLANES – Consideraciones generales y aspectos destacados del Plan Nacional Estratégico del Seguro”. Dicho módulo podrá comenzar a cursarse a partir del 1º de mayo de 2013.

Con respecto al programa para aspirantes se incrementa la carga horaria en un 10 % respecto al año pasado (la carga horaria mínima total pasa de 420 a 462_horas_cátedra para los aspirantes a la obtención de la Matrícula de Productor Asesor de Seguros Patrimoniales y sobre las Perso

GRUPO SANCOR SEGUROS CREÓ PREVENCIÓN SALUD, EMPRESA DE MEDICINA PRIVADA

Prevención SaludEl Grupo Asegurador se encuentra trabajando en la puesta en marcha de uno de los proyectos más importantes que llevará a cabo en el corto y mediano plazo: el desarrollo de una empresa de medicina privada, que será lanzada al mercado durante el año en curso.  

Bajo el slogan “El bienestar se elige”, pone de relieve que la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida se encuentra al alcance de cada persona que haga su opción por nuestra empresa.

El propósito de este emprendimiento de alcance nacional es ofrecer un nuevo servicio para clientes actuales y potenciales, dentro de una actividad que tiene una relación estrecha con algunos de los ramos de negocio y en la cual se pueden aprovechar las fortalezas que tiene el Grupo como aseguradora para posicionarse también en el mercado de la salud.
Además, como líderes en riesgos del trabajo, esta nueva permitirá estar a la vanguardia ante un escenario donde se avizora una mayor integración entre las
aseguradoras que brindan la cobertura para riesgos laborales y los operadores del sector alud. De esta forma, apuntan a constituir una oferta integral también en este segmento.
Este emprendimiento, fiel a su filosofía empresaria, tendrá como aliado estratégico al Productor Asesor de Seguros. Esto representa una nueva oportunidad de negocios y
crecimiento de la cartera que pondrán en manos de su canal de ventas.
Tendrá alcance nacional, aprovechando la amplia red de oficinas comerciales que en todo el país y que posibilita una cercanía con el potencial cliente. El proyecto señalado es liderado por el Sr. Edgardo Bovo.

Un motociclista atropellado perdió la demanda porque no usaba casco

La Justicia rosarina desestimó el pedido de indemnización por daños y perjuicios que había realizado un hombre que resultó herido tras ser embestido por un automovilista. Lo consideraron “imprudente” por no utilizar protección

Un motociclista atropellado perdió la demanda porque no usaba casco

Crédito foto: Nicolás Stulberg

Un motociclista que fue atropellado y sufrió fractura de cráneo, lo que le provocó una incapacidad del 8%, perdió la demanda que había iniciado contra el automovilista que lo arrolló, porque al momento del hecho no utilizaba casco.

La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6 de Rosario, que tuvo en cuenta que la moto tenía prioridad de caso, pero consideró que su conductor “actuó imprudentemente, sin cuidado ni prevención”, por conducir sin protección.

El hecho ocurrió el 21 de noviembre del 2007, cuando el motociclista circulaba en unaYamaha 125 y en una esquina fue embestido por un vehículo Peugeot 504. Debido a las heridas, el conductor atropellado debió ser trasladado al hospital de emergencias “Clemente Álvarez”.

Para desestimar la denuncia por daños y perjuicios, los jueces Juan Carlos Marchese, Horacio Allende Rubino y Mónica Klebcar se apoyaron en el informe del perito médico, quien destacó que si el conductor de la moto hubiera utilizado el cascoreglamentario podría haber evitado la fractura de cráneo.

“La inobservancia a la exigencia de llevar casco y subirse a una moto en esas circunstancias implica violación de las normas”, apuntaron los integrantes del Tribunal, que entonces consideraron que el daño sufrido es imputable al motociclista.

“El derecho a no usar un casco protector no es un derecho humano, sino un capricho lindante con la autodestrucción”, apuntaron los magistrados.

Para fundamentar aún más la resolución, el juez Allende Rubino habló en Cadena 3 y explicó que nadie puede pretender reclamarle a otro un daño que se produce por su propia imprudencia.

Fuentre: infobae.com